Jucil solicita al Supremo la nulidad del traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra
Alegan que se ha utilizado un procedimiento erróneo
La asociación profesional que defiende la vida laboral y social de los guardias civiles ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo en el que precisa que el método que usa el Decreto Ley sólo es aplicable para aquellas competencias que previamente se han asumido y en este caso habría que modificar de forma previa el estatuto de autonomía de Navarra, la Ley de Amejoramiento del Fuero
Jucil, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, propone al Alto Tribunal la suspensión cautelar del decreto por los “graves e irreparables daños” que podría provocar su aplicación para los guardias civiles afectados y para sus familias como consecuencia de la precipitación con la que se ha tomado la decisión
Jucil, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicita la nulidad del Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pa- sado 7 de abril de 2023.
Esta norma traspasa las funciones de Tráfico al Gobierno Foral de Navarra y su aplicación afecta directa a los 220 guardias civiles que componen la Agrupación de Tráfico en esta co- munidad, ya que las tareas de control de la circulación rodada pasan a la Policía Foral, por lo que deberán ser reubicados en otros servicios en el territorio navarro o desplazarse a otras comunidades, con los perjuicios e inconvenientes que supone para familias asentadas en esta tierra o naturales de la misma.
“JUCIL, en cumplimiento del acuerdo que adoptó su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), se ve obligada a acudir al cauce contencioso-administrativo para recurrir el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, de tras- paso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en mate- ria de tráfico y circulación de vehículos a motor” ha manifestado el secretario de Comunicación de la asociación, Agustín Leal.
Modificaciones
Jucil, a través de su servicio jurídico y una vez analizado el texto del Real Decreto, así como el del acuerdo del Pleno de la Junta de transferencias Administración del Estado-Comunidad Foral de Navarra que le precedió considera que el procedimiento utilizado para la transferencia de estas competencias no es ajustado a Derecho por ser exigible para ello la modificación previa de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es decir, del Estatuto de Autonomía, tal y como diferentes expertos en la materia sostienen.
“La precipitación con la que se ha querido llevar a cabo la transferencia, por motivos claramente políticos, era incompatible con los tiempos y trámites parlamentarios necesarios, por lo que se ha optado por utilizar una fórmula que está prevista para la materialización del traspaso de competencias que ya han sido previamente asumidas, lo que no es el caso. La consecuencia legal es la nulidad del Real Decreto y, por lo tanto, del traspaso de las competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor” ha argumentado Leal.
Medidas cautelares hasta que la Justicia decida
La asociación profesional solicita además que, ante la afectación a la vida de muchas personas que podría tener la aplicación de este traspaso de competencias recurrido, y hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre el recurso de nulidad, se proceda a la suspensión cautelar de su aplicación “a la vista de los graves e irreparables perjuicios que el traspaso de la competencia puede generar, tanto a los guardias civiles afectados y sus familias, como a las propias Administraciones estatal y autonómica, de ser ejecutado y obtenerse una Sentencia favorable” reclama el recurso elevado al Alto Tribunal.
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra está compuesta por 220 efectivos para los que Jucil ha solicitado alternativas si la competencia se traspasa definitivamente a Navarra, de manera que puedan continuar en otros servicios en esta comunidad foral o bien se les facilite una ‘pasarela’ para incorporarse en Tráfico en la Policía Foral o también se les ofrezcan otras alternativas que eviten los perjuicios que supone un traslado forzoso para ellos y sus familias a destinos en otros lugares de España.
